Las demandas de las radios y televisoras comunitarias, alternativas y populares siguen sin ser resueltas a pesar de haberse cumplido cinco años de la sanción de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Si bien la norma contiene una serie de reivindicaciones que podrían hacer del espectro argentino un espacio más democrático y plural, en la práctica, los medios comunitarios, alternativos y populares, no podemos aún acceder a una licencia. Es por ello que este 18 de Diciembre de 2014, decidimos volver a reclamar por nuestro reconocimiento.

– La realización de un plan técnico de frecuencias en todo el territorio nacional, que permita reservar el 33 por ciento del espectro radioeléctrico que, tal como lo determina la Ley, corresponde al sector sin fines de lucro (SFL).

– Realizar llamados a concursos en las denominadas “zonas de conflicto”, que son los principales centros urbanos del país, donde no existen hasta la fecha concursos para el sector SFL. En este contexto nuestros medios se ven impedidos de acceder a licencias y en muchos casos continúan sufriendo interferencias de medios comerciales de comunicación.

Diariamente llevamos adelante una pelea desigual contra el mercado, donde la carencia de licencia o autorización para funcionar legalmente se vuelve una desprotección y prevalece “la Ley del más fuerte”. Esta situación nos dificulta además la solicitud de subsidios, pautas publicitarias y fondos públicos que refuercen la autogestión con la que llevamos adelante nuestros proyectos comunicacionales.

Hace más de 30 años, pese a esta falta de garantías y desigualdad en el uso de un bien social como es el espectro radioeléctrico, los medios comunitarios, alternativos y populares, nos hemos organizado en foros, redes, asociaciones o cooperativas lo que nos permite producir contenidos, demostrar autogestión y unificar un proceso de lucha por nuestro reconocimiento que de manera aislada, en los diferentes territorios, sería muy difícil de conseguir.

El reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares como actores específicos de la comunicación, con diferenciación técnica y económica en el acceso a licencias, es la garantía para la permanencia en el aire de los mismos. El Estado no debe desconocer el trabajo de estos medios que hace años construimos una comunicación plural y participativa. Tenemos la legitimidad de ser también proyectos culturales y sociales que promueven la participación popular y el apoyo de diversas organizaciones.

En este marco nuestra organización, la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) acompañada por organizaciones sociales, políticas, de trabajadores/as, estudiantiles y universitarias, de derechos humanos y medios alternativos, hemos presentado ante AFSCA distintas propuestas de mecanismos tendientes a regularizar el sector, sin encontrar aun respuestas integrales que vayan más allá de censos y registros.

Alrededor de 200 emisoras constituyen nuestro sector frente a un total de 8500 operativas, relevadas por la Comisión Nacional de Comunicaciones en el 2010 que pueblan el espectro radioeléctrico de Argentina. Sin duda, las emisoras comunitarias, alternativas y populares no representamos un problema para la plena aplicación de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Los medios comunitarios, alternativos y populares trabajamos día a día acompañando y construyendo agenda junto a los movimientos sociales, políticos y culturales de nuestro país y toda Latinoamérica. En ellos nuestra comunidad es parte activa de la construcción de los relatos de su propia realidad. Desde nuestros medios visibilizamos las injusticias, la impunidad, la corrupción, el accionar del aparato represivo del Estado y también las luchas, las victorias populares, y las alegrías cotidianas de las creaciones colectivas de nuestro pueblo. Nacimos de su necesidad de decir, escribir y mostrar su verdad. Hoy queremos que el Estado reconozca esta verdad y legalice nuestro trabajo y funcionamiento.